Rocío García Olmedo

Una sociedad debiera ser capaz de reconocer, asumir y enfrentar todo acto de discriminación y desigualdad. Décadas tuvieron que pasar para que se reconociera el derecho a votar de las mujeres en igualdad con los varones. Todavía hoy, hay resistencias para reconocer la igualdad de derechos de las personas indígenas, de las mujeres, de las personas discapacitadas, de los adultos mayores y por supuesto de las personas con preferencias sexuales diferentes. Por eso el respeto a los derechos de igualdad y a la no discriminación es uno de los objetivos de todo Estado democrático. En 2011 en México, fue elevado a rango constitucional los derechos humanos con pleno respeto a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En nuestro país desde el 2003, es vigente la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), que ha tenido diversas reformas, justamente para introducir al orden jurídico nacional una serie de armonizaciones que precisan lo que

Decía Joseph Goebbels que “en la guerra no existen victorias sino distintos grados de derrota.” Lo mismo acontece en la competencia electoral, lo que nos da pauta a un primer análisis del proceso electoral que vivimos en Puebla, pues entre los especialistas de la ciencia política es cada vez más aceptada: ninguna victoria es para siempre y   tampoco ninguna derrota.   Por ello considero que debe ser la mesura la que debe prevalecer en la interpretación de los resultados obtenidos el pasado domingo y explico por qué lo considero así. De los 4 millones 291 mil 93 ciudadanos y ciudadanas registradas en la lista nominal un 55.33% del listado no acudió a votar; el nivel de abstencionismo que acumuló el actual proceso electoral superó al histórico poblano. Tan sólo 1 millón 775 mil 395 personas (44.67% del listado nominal) ejercieron su derecho a votar y de ellos 67 mil 374 personas (3.79%) lo hicieron para anular su voto (PREP, 2016). A pesar de la “gran” coalición que pos