DERECHO A UNA REPRESENTACIÓN POLÍTICA SIN VIOLENCIA

El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. El tema propuesto para reflexionar  por parte de la ONU es “Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género” se trata de analizar cómo acelerar los nuevos compromisos de los gobiernos en materia de igualdad, empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres.

Ello implica que los gobiernos adopten acciones decisivas, visibles y cuantificables. Y en ese camino vamos las mujeres, empujando para que los gobiernos asuman su responsabilidad. Tarea nada sencilla a la que muchos hombres, por fortuna, se han ido sumando, porque buscan también, poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, así como garantizar igualdad de participación y de oportunidades en todas las esferas de la vida.

Dentro de los derechos humanos, los derechos políticos -ubicados como derechos de “primera generación” que incluyen el derecho a elegir y a ser elegido; a participar en los asuntos públicos; a la libertad de reunión y asociación; a reunirse con fines políticos, entre otros- aluden, al conjunto de condiciones que hacen posible para la ciudadanía participar en la vida pública e intervenir en las decisiones que le afectan a las mujeres.

En México el derecho al ejercicio de la ciudadanía está consagrado ya en nuestra Constitución, pero nuestro derecho a la representación política se puso a prueba a la inclusión del principio de paridad a nuestra Carta Magna en 2013, y hoy, emprendemos el reto de impulsar en la normativa, la paridad horizontal y vertical para candidaturas a presidencias municipales y ayuntamientos, de la misma manera que se conduce la materia federal.

Si bien la paridad es un propulsor determinante de la democracia cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social; (Consenso de Quito, 2007) para lograr el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres; es necesario atender los retos que la acompañan.

Primero, sin duda la enorme necesidad de conciliar la paridad de género con la democracia interna de los partidos políticos.

Segundo, el gran reto que tiene que ver con la calidad de la representación sustantiva; lo deseable es que tanto mujeres como hombres, sean postulados/as en base a trayectorias, méritos y capital político.

Tercero, el diseño de mecanismos que permitan garantizar a las mujeres su acceso, ya que todavía se presenta una diversidad de obstáculos a enfrentar. Uno de ellos que sin duda es reprobable e inaceptable, tiene que ver con la violencia política a la que nos vemos sujetas las mujeres y por ello es necesario visibilizar y sancionar estos actos. Se han presentado Iniciativas que todavía no concluyen procedimientos legislativos a nivel federal -la Senadora poblana Lucero Saldaña es proponente- pero Oaxaca hace unos días, ha legislado ya, sobre violencia política de género. 

Existe marco normativo internacional, nacional y local que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el fin de estas iniciativas es, proteger, atender, sancionar y eliminar esta práctica que atropella derechos humanos de las mujeres; porque hemos sido testigas de que a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia: actitudes, prácticas discriminatorias y hasta hemos conocido de casos extremos de esta violencia: atentados, golpizas y asesinatos de mujeres precandidatas o en funciones de cargos de representación política.

¿Cuándo se presenta una violencia política en contra de las mujeres? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres, señalan como acoso político, discriminación y violencia las siguientes expresiones:

Como precandidatas y candidatas: 

• Mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres. 

• Simulación de elecciones primarias para eludir la cuota. 

• Envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional. 

• Presiones para ceder o no reclamar la candidatura. 

• Ausencia de apoyos materiales y humanos. 

• Agresiones y amenazas durante la campaña.

• Trato discriminatorio de los medios de comunicación. 

Como legisladoras y autoridades municipales electas: 

• SubstituEl 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. El tema propuesto para reflexionar  por parte de la ONU es “Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género” se trata de analizar cómo acelerar los nuevos compromisos de los gobiernos en materia de igualdad, empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres.

Ello implica que los gobiernos adopten acciones decisivas, visibles y cuantificables. Y en ese camino vamos las mujeres, empujando para que los gobiernos asuman su responsabilidad. Tarea nada sencilla a la que muchos hombres, por fortuna, se han ido sumando, porque buscan también, poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, así como garantizar igualdad de participación y de oportunidades en todas las esferas de la vida.

Dentro de los derechos humanos, los derechos políticos -ubicados como derechos de “primera generación” que incluyen el derecho a elegir y a ser elegido; a participar en los asuntos públicos; a la libertad de reunión y asociación; a reunirse con fines políticos, entre otros- aluden, al conjunto de condiciones que hacen posible para la ciudadanía participar en la vida pública e intervenir en las decisiones que le afectan a las mujeres.

En México el derecho al ejercicio de la ciudadanía está consagrado ya en nuestra Constitución, pero nuestro derecho a la representación política se puso a prueba a la inclusión del principio de paridad a nuestra Carta Magna en 2013, y hoy, emprendemos el reto de impulsar en la normativa, la paridad horizontal y vertical para candidaturas a presidencias municipales y ayuntamientos, de la misma manera que se conduce la materia federal.

Si bien la paridad es un propulsor determinante de la democracia cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social; (Consenso de Quito, 2007) para lograr el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres; es necesario atender los retos que la acompañan.

Primero, sin duda la enorme necesidad de conciliar la paridad de género con la democracia interna de los partidos políticos.

Segundo, el gran reto que tiene que ver con la calidad de la representación sustantiva; lo deseable es que tanto mujeres como hombres, sean postulados/as en base a trayectorias, méritos y capital político.

Tercero, el diseño de mecanismos que permitan garantizar a las mujeres su acceso, ya que todavía se presenta una diversidad de obstáculos a enfrentar. Uno de ellos que sin duda es reprobable e inaceptable, tiene que ver con la violencia política a la que nos vemos sujetas las mujeres y por ello es necesario visibilizar y sancionar estos actos. Se han presentado Iniciativas que todavía no concluyen procedimientos legislativos a nivel federal -la Senadora poblana Lucero Saldaña es proponente- pero Oaxaca hace unos días, ha legislado ya, sobre violencia política de género. 

Existe marco normativo internacional, nacional y local que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el fin de estas iniciativas es, proteger, atender, sancionar y eliminar esta práctica que atropella derechos humanos de las mujeres; porque hemos sido testigas de que a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia: actitudes, prácticas discriminatorias y hasta hemos conocido de casos extremos de esta violencia: atentados, golpizas y asesinatos de mujeres precandidatas o en funciones de cargos de representación política.

¿Cuándo se presenta una violencia política en contra de las mujeres? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres, señalan como acoso político, discriminación y violencia las siguientes expresiones:

Como precandidatas y candidatas: 

• Mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres. 
• Simulación de elecciones primarias para eludir la cuota. 
• Envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional. 
• Presiones para ceder o no reclamar la candidatura. 
• Ausencia de apoyos materiales y humanos. 
• Agresiones y amenazas durante la campaña.
• Trato discriminatorio de los medios de comunicación. 

Como legisladoras y autoridades municipales electas: 

• Substituciones arbitrarias. 
• Presión para que renuncien a favor de sus suplentes. 

Como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones: 

• Mayor exigencia que a los varones. 
• Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses. 
• Acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local. 
• Ocultamiento de información. 
• Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas. 
• Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas. 
• Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas. 
• Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto. 
• Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal puesta en tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo. 
• Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes. 

En el ámbito personal:

• Difamación, desprestigio, burlas, descalificaciones y calumnias. 

Reto pendiente para que las mujeres ejerzamos no sólo el derecho al ejercicio de nuestra ciudadanía; también,  el derecho a una representación política sin violencia y para ello los gobiernos deben adoptar acciones decisivas, visibles y cuantificables.

rociog@prodigy.net.mx

@rgolmedo

Palabra de Mujer Atlixco

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ciones arbitrarias. 

• Presión para que renuncien a favor de sus suplentes. 

Como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones: 

• Mayor exigencia que a los varones. 

• Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses. 

• Acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local. 

• Ocultamiento de información. 

• Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas. 

• Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas. 

• Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas. 

• Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto. 

• Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal puesta en tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo. 

• Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes. 

En el ámbito personal:

• Difamación, desprestigio, burlas, descalificaciones y calumnias. 

Reto pendiente para que las mujeres ejerzamos no sólo el derecho al ejercicio de nuestra ciudadanía; también,  el derecho a una representación política sin violencia y para ello los gobiernos deben adoptar acciones decisivas, visibles y cuantificables.

rociog@prodigy.net.mx

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