LOS AVANCES DE LAS MUJERES NO SE HAN DADO A LA VELOCIDAD QUE DEMANDA LA DINAMICA SOCIAL DEL PAIS

La Cámara de Diputados, a propuesta de la Diputada Federal por Puebla, Rocío García Olmedo, avaló reformas a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a efecto de unificar el nombre del programa conocido como “Proigualdad” para quedar como “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

“Es una realidad primaria, las mujeres hemos alcanzado avances significativos en los ámbitos económico, político y social, sin embargo estos avances se han dado de forma paulatina y no siempre a la velocidad que lo demanda la dinámica social de nuestro país”, mencionó.

Con estas acciones se evitará que la falta de armonización y homologación en los términos y el lenguaje normativo genere confusión, y con esto no se garantizan certeza ni seguridad jurídica.

García Olmedo explicó en la máxima tribuna del país, que en el año 2006 se emitió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponiendo los lineamientos y mecanismos institucionales necesarios, a fin de promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminación, basada en el género.

“Dentro de sus disposiciones, ambas leyes contienen normar dirigidas a llevar una adecuada política nacional en materia de igualdad, a través de diversos instrumentos, dentro de los que se incluyen los programas.”

Sin embargo, a decir de la legisladora federal, se consideró necesario homologar el nombre del programa que se indica en ambas leyes, por ello, la propuesta de reformar las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, la fracción I del artículo 26, la denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con lo cual, se disminuirán las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

“De esta manera, se dará certeza y seguridad jurídica en la aplicación de las normas, homologando las leyes en la materia, evitando cualquier laguna jurídica que pudiera interferir en garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación”, finalizó. 

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