Políticas de cuidado y corresponsabilidad en favor de las Nuevas Familias

Una problemática que se está agudizando en México y que está generando mayores brechas de desigualdad entre hombres y mujeres es la economía del cuidado.

El cambio de modelo económico en el país, ha sido elemento fundamental en la transformación del modelo tradicional de familia, que ha dado paso a la conformación de nuevas formas de familias, con efectos de empobrecimiento y exclusión y que está generando incertidumbre, riesgos y vulnerabilidad.

Las familias han transformado su estructura, su composición y las mismas relaciones familiares a su interior; se ha presentado una disminución de la fecundidad y mortalidad; envejecimiento de la población, aumento de enfermedades crónico-degenerativas; ha habido un incremento en el número de familias con jefaturas femeninas; todo lo cual ha dado origen a la conformación de nuevos modelos de familias en donde ya no hay un solo jefe proveedor, los ingresos son compartidos; y, como el consumo en los hogares es superior a sus gastos en bienes y servicios (Esquivel, 2011) los/as miembros de las familias se han insertado en el mercado laboral no sólo en condiciones desiguales; también con una desigual distribución de los ingresos, desventajosa para las mujeres; esta inequidad en los ingresos de las familias, ha colocado en la mesa de debate la economía del cuidado por las implicaciones económicas que conlleva.

La economía del cuidado se origina en el trabajo doméstico, -posición histórica de subordinación de las mujeres- es decir, a las mujeres “naturalmente” se les asigna estas labores por supuesto sin remuneración; pero al insertarse también, en la esfera de la producción, ha contribuido a desvalorizar al trabajo de cuidado, que se considera como opuesto al trabajo remunerado y como “no mercancía” (Esquivel, 2011) ocasionándoles una gran incompatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral, y el desmantelamiento de los sistemas de protección de la familia (Monroy, 2014).

En el sistema económico esta contribución de las mujeres se pierde, por no estar consideradas estas tareas en el mercado de trabajo, persistiendo la idea de que las mujeres están dotadas para proveer cuidados; no olvidar que el cuidado se concibe “como una actividad femenina, generalmente no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social. Comprende tanto el

cuidado material como el inmaterial, que supone un vínculo afectivo, emotivo, sentimental, entre el que brinda el cuidado y quien lo recibe” (Aguirre, 2007).

Y, las/os miembros de las familias hoy con nuevas y mayores responsabilidades, con escasos empleos bien remunerados, que se profundiza cuando alguno de sus miembros niños/as, ancianos/as, discapacitados/as y enfermos/as requieren tareas de cuidado y no cuentan -en muchas ocasiones- con un empleo para solventar la asistencia y la protección social de ellos/as, representa un problema social especialmente para las mujeres en quienes se deposita ya no solo por cuestiones emocionales y sentimentales; ahora también por cuestiones económicas las tareas de cuidado, con graves repercusiones sociales derivada de la falta de conciliación y corresponsabilidad al interior de las familias en estas tareas.

Por ello el Estado debe asumir la garantía de diseñar una Política Pública específica y transversal con perspectiva de género, para atender integralmente esta problemática basada en la visión de derechos humanos, con estándares mínimos y desde un marco institucional (Monroy, 2014), que involucre no solo al Estado, también a los empleadores para que asuman esta problemática desde una visión de responsabilidad social; articulando: 1. Las demandas y servicios de cuidado de las familias; 2. La intervención del Estado en las regulaciones del mercado de trabajo, (horarios de trabajo, salarios, guarderías, prestaciones sociales etcétera) y, 3. Diseñando una política integral que permita no solo, conciliar la vida familiar y laboral; también la corresponsabilidad que todos/as los/as miembros de las familias deben asumir en las tareas de cuidado.

El cuidado y la corresponsabilidad familiar deben ser reconocidos como un problema público.